Un informe contradice a Jaldo: señala que aumentó el gasto público y pide que los ATN reemplacen a impuestos locales

En un contexto donde el gasto público de las provincias aumentó en términos reales un 21% en el primer trimestre de 2025, mientras que a nivel nacional las erogaciones se mantuvieron estables (-0,2%), de acuerdo a un informe elaborado por IERAL de la Fundación Mediterránea, cobra particular relevancia la discusión sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El proyecto de ley, presentado en el Congreso tras un acuerdo unánime de gobernadores, busca transformar radicalmente el esquema actual de estos fondos, proponiendo una modificación que beneficiaría a la mayoría de las jurisdicciones, incluyendo a Tucumán, y pondría fin a la discrecionalidad del gobierno central.

El documento, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, contrasta con las apreciaciones de los mandatarios locales, en particular las manifestadas por Osvaldo Jaldo, quien señaló que "hicimos muy bien los deberes" en cuanto al ajuste de las cuentas fiscales y por ende, la necesidad de contar con recursos federales que les fueron recortados por la administración de Javier Milei.

Actualmente, el Fondo de ATN se nutre de un 1% de la masa coparticipable neta y un 1% de la porción coparticipable del Impuesto a los Bienes Personales. Históricamente, entre 1992 y 2017, también recibió un 2% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, cuya eliminación en 2018 marcó un cambio importante en su volumen. Aunque la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos establece que estos recursos deben destinarse a "atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales", el Ministerio del Interior es el encargado de su asignación, lo que da lugar a un esquema "plagado de discrecionalidad y opacidad", señala el informe.

Una de las principales críticas al sistema actual es la subejecución crónica de los fondos. Entre 2017 y 2025, en promedio, solo el 26% de los ingresos anuales del Fondo se transfirió a las provincias, lo que significa que "la Nación se apropia de la mayor parte de los recursos que ingresan al Fondo". De hecho, del total de $8,6 billones (a valores de 2025) ingresados al fondo entre enero de 2017 y junio de 2025, "solo cerca de la mitad (48%) fue transferida a las provincias". Los fondos no distribuidos disminuyen el gasto nacional y mejoran el resultado fiscal, aunque "el gobierno nacional no puede destinar los recursos a otros fines". Esta discrecionalidad ha generado "incentivos perversos", estimulando "comportamientos oportunistas y la utilización de fondos públicos para inducir o premiar apoyos políticos", resalta IERAL.

El proyecto de ley en debate propone un cambio sustancial: distribuir de manera automática y diaria el 100% de los recursos que ingresan al Fondo de los ATN, siguiendo las proporciones previstas por la distribución primaria y secundaria de la ley de coparticipación federal de impuestos. Esto implicaría que "el gobierno nacional ya no podría disponer discrecionalmente de los montos devengados". Si bien "en el diseño original el 100% de los fondos debían ser distribuidos entre las provincias", con la nueva propuesta, "el gobierno nacional pasaría a recibir un 41,2% de la distribución" automática. Sin embargo, en la práctica, la Nación perdería financiamiento, ya que "tomando como referencia lo ocurrido entre 2024 y lo que va de 2025, gracias a la sub ejecución del fondo la Nación se apropió de casi el 90% de los recursos, mientras que con el proyecto esa proporción se reduce a menos de la mitad".

Desde la perspectiva de las provincias, "la mayoría de ellas ganaría recursos con la distribución propuesta en el proyecto de ley". El impacto presupuestario para el gobierno nacional sería "acotado", representando "una fracción pequeña del superávit financiero proyectado". Por ejemplo, en 2024, si el proyecto hubiera estado vigente, "el costo fiscal para la Nación seria $489.505 millones (a valores constantes de junio 2025) o 0,06% del PIB de 2024", lo que hubiese reducido el superávit financiero nacional "en aproximadamente un 20%".

El caso de Tucumán ilustra los efectos de este cambio:

• Bajo el esquema discrecional actual (entre 2017 y junio de 2025), Tucumán ha tenido una participación ligeramente superior en los ATN transferidos de lo que le hubiera correspondido por coparticipación. Recibió el 5,2% de los ATN, mientras que su participación en la distribución secundaria de la coparticipación nacional fue del 4,6%, lo que representa una diferencia positiva de 0,6 puntos porcentuales.

• Con la distribución automática propuesta por el proyecto de ley, Tucumán se estima que obtendrá recursos adicionales significativos. Si bien en los últimos tres semestres (años 2024 y 2025) recibió un promedio de 7.269 millones de pesos en ATN, con el proyecto se estima que recibiría 15.375 millones de pesos en el segundo semestre de 2025. Esto se traduce en una diferencia adicional de 8.107 millones de pesos, lo que representa una mejora equivalente al 0,5% de los recursos estimados por coparticipación para el mismo período.

En definitiva, la reforma busca corregir "una de las varias deficiencias que adolece el régimen de coparticipación federal de impuestos". Al automatizar los envíos, no solo se espera incrementar los ingresos de las provincias, sino también "evitar su uso con fines políticos y eliminará las actividades de búsqueda de rentas". El informe enfatiza que para que este proyecto contribuya al desarrollo, es crucial que esos recursos adicionales "no se destinen a aumentar el gasto corriente, sino a dinamizar reformas que mejoren la competitividad de la producción nacional".

Se sugiere, por ejemplo, que las provincias se comprometan a "implementar en sus poderes judiciales los peritos médicos forenses para la evaluación de incapacidades laborales previstos en la ley 27.348 del 2017. Esto permitiría revertir el vertiginoso crecimiento en la litigiosidad laboral, contribuyendo a la generación de empleos de calidad". Otra alternativa es utilizar estos fondos para reducir impuestos "distorsivos" como el Impuesto de Sellos, ya que "los ATN que se hubieran distribuido automáticamente a provincias en 2024, con un esquema como el propuesto en el proyecto, son equivalentes a un 16% de lo que las provincias recaudaron de impuesto de Sellos en ese mismo período", destaca el documento.